La independencia catalana: del normativismo al decisionismo
per Carlos Mascarell (@JrMasca)
Artur Mas y otros políticos soberanistas han optado por el decisionismo por encima del normativismo como resultado de una serie de desencuentros políticos y jurídicos, que han desembocado finalmente, en un choque frontal entre la legitimidad jurídica española y la legitimidad de un mandato político que emana del pueblo de Cataluña.
El pasado 17 de Julio, Javier Gracia Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de la UCM, publicaba un articulo titulado la “La independencia catalana” en la cuarta página de El País. En dicho artículo explicaba cómo los políticos soberanistas catalanes han optado por el decisionismo político frente al normativismo (la ley) (http://elpais.com/elpais/2014/06/26/opinion/1403808055_274043.html), que regula jurídicamente, aquello que se puede hacer políticamente y aquello que no, en la democracia parlamentaria española. En éste sentido, el argumento de que la ley no permite hacer una consulta es el más repetido por parte del estado español y aquellos que se oponen a consultar al pueblo de Cataluña. Veamos un poco más en detalle sin embargo, por que eso de que la ley no lo permite es una trampa.
Sin duda alguna, la exposición comparativa entre el normativismo de Kelsen y el decisionismo de Schmitt que se hace en el artículo del Sr. Fernández es acertada. Y de hecho, en un estado de derecho se necesita de un orden normativo jerárquico que regule lo que se puede y no se puede hacer en una democracia parlamentaria. Como bien expone el articulo, “el normativismo comporta respeto al Derecho porque el Derecho es una ordenación democrática de la sociedad. Decisionismo es la imposición de la decisión política sin atender a la preordenación jurídica que ha organizado la misma sociedad”. Ciertamente por tanto, bajo el actual ordenamiento constitucional español, la consulta sobre la independencia no tenga cabida, al menos, bajo una interpretación restrictiva del texto constitucional tal y como está.
Sin embargo, el pueblo de Cataluña parece estar dispuesto a seguir con su voluntad de ser consultado, más allá del no reconocimiento jurídico y vinculante del resultado. En éste contexto se acusa a los políticos catalanes de decisionismo (frente al normativismo), es decir, de incumplir el orden constitucional y por tanto, ir contra la democracia. Como bien expone el Sr. Fernández: “el normativismo se caracteriza por el respeto al orden jurídico, por la idea de que la norma obliga, en un orden jurídico que se inicia escalonadamente desde la Constitución. Esta construcción es indisociable de la democracia: el Derecho emana de órganos que poseen legitimidad democrática y eso explica que tenga que respetarse, que aparezca el hábito de obediencia a las reglas”. Sin embargo, y dado que en medios de alcance estatal solo aparecen artículos en contra de la legitimidad y legalidad de la consulta, hay que explicar las razones que han llevado a optar por el decisionismo en Cataluña.
En bien sabido que más de un 70% de los catalanes ha votado a partidos que en su programa llevaban la voluntad de hacer una consulta. No es por tanto una ocurrencia y manipulación de Mas y Junqueras como habitualmente argumentan políticos, tertulianos y periódicos de ámbito estatal, sino un mandato político que emana del pueblo de Cataluña y que choca de pleno con el ordenamiento jurídico español. ¿Pero, porque se opta por el decisionismo frente al normativismo?
Desde la impugnación del Estatut de Cataluña, el ordenamiento jurídico español se encuentra cada vez más alejado de la voluntad política del pueblo de Cataluña, y ello es resultado de una serie de desencuentros jurídico-políticos, que han desembocado finalmente, en un choque frontal entre la legitimidad jurídica española y la legitimidad política de Cataluña. Ejemplos de la evolución gradual de dicho choque son la impugnación del Estatuto de Cataluña y el recorte posterior perpetrado por el Tribunal Constitucional, la negativa al pacto fiscal o la inexistente intención de llevar a cabo una reforma federal ambiciosa por parte del gobierno español.
En éste sentido por tanto, primero se optó por un Estatut de Cataluña que fue aprobado por mayoría del Parlament y luego por un pacto fiscal como instrumentos que buscaban, bajo el normativismo español y por encima del decisionismo, un mejor encaje de Cataluña en España. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut demuestra que ni siquiera la nueva carta magna catalana tenía cabida en su totalidad en el ordenamiento constitucional español. O en todo caso, bajo una interpretación restrictiva de éste.
Pero, ¿no es dicha sentencia una especie de decisionismo político que se esconde bajo un paraguas de independencia y objetividad del ordenamiento jurídico español? Seguramente, en un estado en el que la interiorización de la plurinacionalidad y el sentido federal en su cultura política fuera mayor, el principal partido de la derecha española y el Tribunal Constitucional como garante del orden constitucional, hubieran hecho una interpretación más laxa, o en todo caso, menos restrictiva del Estatuto de Cataluña para garantizar un mejor encaje en España.
Como bien se dice en el artículo del Sr. Fernández, Pablo Lucas Verdú conectaba la normatividad constitucional con las exigencias sociales que comportan movilidad y transformación. Para los mundanos, esto quiere decir que la ley es la que se adapta a las exigencias sociales y no a la inversa. Y es justamente ahí donde está el problema. Cataluña ha presentado infinitas proposiciones que buscaban, dentro del marco constitucional, vías de solución a su encaje en España. Incluso después de agotar las vías del Estatut (que por cierto el estado español incumple varias de sus disposiciones) y del pacto fiscal, los partidos soberanistas (el pueblo de Cataluña, no lo olvidemos) optan por intentar hacer una consulta pactada con el gobierno español. Pero en España por desgracia, la constitución se ha utilizado a lo largo de los últimos 8 años y de forma reiterada, como instrumento jurídico de bloqueo a determinadas exigencias sociales y políticas que no gustan.
En éste sentido, cabe recordar el artículo de Antonio Arroyo Gil titulado “Política contra derecho en Cataluña” publicado en Agenda Pública (http://www.eldiario.es/agendapublica/reforma-constitucional/Politica-Derecho-Cataluna_0_279272751.html), en el que se apuntaban una serie de desencuentros entre la dirección política hacia la que quiere avanzar el pueblo de Cataluña y el ordenamiento constitucional español.
A pesar del llamamiento por parte de ciertos sectores a que se proceda con una reforma constitucional, la cuestión catalana se encuentra a la deriva desde que se impugnó el Estatut hace 8 años. Pese al agravamiento de la situación en la que nos encontramos, la voluntad política de cambiar el ordenamiento jurídico para hacer una reforma federal en España es inexistente entre amplios sectores de la sociedad y la derecha española. Mientras que el PSOE sólo ha propuesto una reforma cosmética, cuando estamos ya, al borde del precipicio. De hecho, dicha reforma carece de la profundidad y ambición necesarias como para que el pueblo de Cataluña se plantee, a estas alturas, reconsiderar sus ambiciones y no hacer la consulta. ¿Por que íbamos a creernos dichas promesas después de 8 años de inacción?
Es habitual que aquellos que están en contra de la consulta, utilicen el argumento de que “la ley no lo permite” para oponerse a la consulta. Sin embargo, lo que muchos de los que se parapetan en el orden constitucional hacen, es esconder y justificar su negativa a resolver un problema político con un argumento jurídico como si éste fuera el problema. Trampa.
¿Es que la ley siempre debe estar por encima, pase lo que pase, de la voluntad política cuando hay un sentir mayoritario en Cataluña de querer consultar a la ciudadanía? Es la política la que cambia las leyes y, cuando el pueblo de Cataluña toma decisiones que ya no respetan el marco jurídico español, es que quizás éste ya no sirve para regular, normativamente, lo que se le permite a la democracia parlamentaria catalana. ¿De verdad alguien cree que bloqueando la consulta y utilizando argumentos jurídicos, los problemas políticos existentes entre Cataluña y España se resolverán o que el pueblo de Cataluña acabará por ceder respecto a sus ambiciones políticas?
En éste sentido, muchos teóricos del federalismo argumentan que cuando los elementos en común empiezan a ser menores que los elementos diferenciadores, las federaciones o semi-federaciones empiezan a tambalearse.
Muchos de los que están en contra de la consulta argumentan que hay vías legales para cambiar la constitución y permitir una consulta bajo derecho en Cataluña. Pero ello es una simple trampa dialéctica, ya que PP y PSOE juntos, han tumbado varias iniciativas en el Congreso para adaptarse a la exigencia social mayoritaria de los catalanes, de poder celebrar una consulta (que no votar “si” a la independencia) bajo derecho. Lo de que “la ley no lo permite” por tanto es una falacia, ya que se ha intentado varias veces (con la declaración de soberanía y la futura ley de consultas) chocando siempre, contra la máscara jurídica del inmovilismo político. Todo ello no es sin embargo casual, ya que forma parte de una estrategia bajo la cuál PP y PSOE creen que:
- Permitir la consulta implicaría el reconocimiento de Cataluña como sujeto político y soberano, mientras que con una reforma federal (cosmética), el soberanismo se desactivará de forma progresiva.
- Cuando la situación económica mejore, las aguas volverán a su cauce y el soberanismo se diluirá.
- Al mismo tiempo, con la consulta existe el riesgo efectivo de secesión y se facilita el proceso de independencia de forma pactada, mientras que una declaración unilateral de independencia, (aunque con el mismo resultado potencial) implicaría muchas más dificultades posteriores desde un punto de vista legal y político, así como de reconocimiento internacional.
En muchas ocasiones, se dice que el caso de Escocia es distinto al caso de Cataluña, argumentando que Reino Unido no tiene una constitución que prohíba el referéndum Escocés, y éste solo ha sido posible, gracias al pacto entre el SNP y el gobierno de Cameron. Pues bien en realidad, desde un punto normativo, es sólo el Parlamento de Reino Unido el que tiene la potestad de celebrar referéndums.
Sin embargo, reconociendo la voluntad política y democrática del pueblo escocés, el gobierno británico encontró una fórmula para superar los impedimentos jurídicos de su legislación y ceder la potestad de hacer un referéndum. Justamente, respetando aquello que argumentaba Verdú sobre la “conectividad de la normatividad jurídica con las exigencias sociales que comportan movilidad y transformación”. La única diferencia es que Reino Unido no tiene constitución escrita, mientras que España si. Sin embargo no hagan trampas, ya que como la democracia más antigua del mundo, Reino Unido hubiera autorizado el referéndum en Escocia aunque hubiera tenido constitución, adaptándola si fuera necesario. Simplemente, porque por encima de las jerarquías jurídicas (constitucionales o no), se encuentra la voluntad democrática del pueblo Escocés.
Exactamente los mismo que podría hacer el gobierno Español si tuviera la voluntad de anteponer el grito político mayoritario de poder celebrar una consulta en Cataluña, a la legalidad. Es decir, el gobierno podría perfectamente adaptar la legalidad sólo de forma puntual, para que Cataluña pudiera celebrar una consulta. No es un problema de jerarquías jurídicas, sino de voluntad política.
En los procesos de autodeterminación por tanto, siempre existe un conflicto jurídico entre el conjunto y la voluntad política del que se quiere separar. Es decir la ley casi nunca ampara, de entrada, la voluntad política del que se quiere separar. Utilizar la ley para justificar la negativa a la consulta por tanto, es simplemente una trampa, porque casi nunca en la historia, la creación de nuevos estados se ha hecho acorde a la legislación del país del cuál uno se separa (Kosovo) y problema político seguirá estando ahí. O se hace sin pacto (declaración unilateral de independencia) o en todo caso, la política es la que ha permitido adaptar el marco jurídico para autorizar la secesión potencial (Quebec y Escocia). Es puro sentido común y voluntad política.
A éste respecto he leído y oído varias veces que debería ser toda España la que votara sobre la independencia de Cataluña, incluso en boca de gente (Felipe González) que debería tener cierto respeto a la inteligencia media. ¿De verdad alguien se toma enserio eso de que debería votar toda España? Sería un sinsentido jurídico, político e histórico sin precedentes. ¿Se imaginan ustedes a todo Reino Unido o Canadá votando sobre la independencia de Escocia? ¿Alguien podría ponerme un ejemplo de un proceso de secesión en el que el que ésta haya sido la fórmula?
El problema por tanto, es que la realidad política catalana empieza a ser muy diferente a la realidad política Española, y en consecuencia, al marco jurídico que la regula. En éste sentido, ¿que pasaría si la mayoría del pueblo español votara una y otra vez en una dirección contraria a la constitución (evidentemente si ello respetara los derechos humanos y lo políticamente aceptable)? ¿Saldría la Guardia Civil a la calle a reprimir a la gente o se buscarían vías de cambio constitucional para adaptarse a la nueva realidad política (ya sea para permitir la consulta o para federalizar el estado en el caso de la cuestión catalana), como así argumenta el señor Fernández cuando invoca a Verdú en su artículo?
Por tanto, lo de que “la ley no lo permite” es una doble trampa, porque el problema es en realidad, político, y porque nadie cambiará nunca el orden normativo español a través del Congreso, para que Cataluña pueda celebrar una consulta bajo Derecho. Lo más grave de todo ello sin embargo es que los máximos defensores del no permitir la consulta, no han tenido siquiera la voluntad de encerrarse el tiempo que haga falta a pensar como hacer una reforma federal en profundidad y ambiciosa, para que los ciudadanos de Cataluña no optemos por el decisionismo y se desactive la voluntad independentista de una parte del pueblo de Cataluña. Ni siquiera bajo derecho, vamos.
Que responsabilidad moral la de unos políticos catalanes decididos a respetar la voluntad democrática del pueblo de Cataluña! Quiero decir, que es igual de antidemocrático anteponer el normativismo y la constitución como máximos garantes de lo que es “políticamente permitido bajo derecho” y lo que no, a la voluntad política y democrática de los catalanes de hacer movimientos, que en repetidas ocasiones desde hace 8 años, ya no se corresponden con lo que permite dicho ordenamiento normativo! Lo digo por aquello que dicen algunos, de que la consulta no es democrática y va contra la libertad.
En éste sentido como bien explica el Sr. Fernández, el respeto al normativismo no debería implicar inmovilismo jurídico. En realidad por tanto, le atribuye al orden constitucional español un cierto grado de inmovilismo, que es lo que justamente deriva en un decisionismo cada vez más arraigado en Cataluña.
En el fondo, ese inmovilismo no es nada menos que decisionismo político, recubierto de normativismo. Y ello lo demuestra el hecho de que para lo que se quiere (constitucionalización de la limitación del déficit, por ejemplo) si se cambia la constitución. ¿Con todo ello en mente, estamos seguros de que los partidos que proponen la consulta son los únicos responsables de la situación en la que nos encontramos? Si el gobierno estuviera dispuesto a autorizar la consulta y a confrontar el “si y el “no” de forma democrática, ganaría de entrada, algunas simpatías en Cataluña y quizás incluso al final conseguiría, con mucho más estilo y respeto por la democracia, su objetivo final de permanecer unidos.
Si después de todo sin embargo, alguien aún tiene dudas al respecto, recomiendo fervientemente la lectura de éste artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca por si no me he explicado bien del todo:http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2014/09/09/catalanes_fracturados_21287_1023.html
Mientras tanto, no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña, porque van ustedes tarde, muy tarde, incluso para aquellos que soñamos algún día, con una España federal de verdad. Después de la V de la diada y con el 9-N a la vista, la sorpresa puede ser muy desagradable.
