La reforma de la Ley de Régimen Local: un ataque a la autonomía local

Per Luis Benjumea (@Luis_Benjumea)

En un intento de adelgazar la administración, el gobierno del Partido Popular ha presentado en el Congreso, para su aprobación, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que supone una restructuración total y un cambio radical del modelo competencial por el que hasta ahora se regían las administraciones locales.

Es cierto que la nueva ley supone un adelgazamiento de la administración pública. Sin embargo, en lugar de disminuir las competencias de las administraciones intermedias, que en muchos casos se muestran ineficientes, lo hace disminuyendo la capacidad operativa de los ayuntamientos, los cuales son los más indicados para prestar los servicios que repercuten directamente sobre el ciudadano.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ya se está debatiendo en el Congreso y que saldrá adelante sin visos de que exista un verdadero debate político gracias al rodillo de la mayoría absoluta del PP, se centra en cuatro aspectos esenciales: delimitación y reordenación competencial de los municipios; racionalización de la estructura organizativa local; control interno y externo de las finanzas de los municipios, y, por último, favorecer la iniciativa económica privada.

Más allá del debate técnico y sin ánimo de perdernos en las vicisitudes propias de la ley, la propuesta del gobierno del PP se traduce en que se vacía de competencias a los ayuntamientos y se les guillotina su principal función: proveer de servicios a sus ciudadanos. A partir de la aprobación de la ley,  las Diputaciones Provinciales pasarán a ser los garantes de las prestaciones de los servicios, lo que significa un claro atentado contra el principio de subsidiariedad y el principio de autonomía local por el que se rige nuestro marco jurídico.

El principio de subsidiariedad significa que la competencia de una política corresponde a la institución más cercana al ciudadano con capacidad para ejecutarla, y es un principio que, junto con el de la autonomía local, se encuentra reconocido en la Carta Europea de la Autonomía Local, que fue ratificada por España en 1998. Por lo tanto, entre otras cosas, la propuesta presentada vulnera las propias obligaciones contraídas por el Estado español con la Unión Europea, y ningunea a las administraciones locales que, como la administración más cercana al ciudadano, es la que mejor conoce  las necesidades de su población y la mejor capacitada para proveer de servicios que repercuten directamente sobre ella.

Esta  nueva reforma supone un paso más en la equiparación de la gestión de los servicios públicos con la gestión privada, puesto que se aborda desde la perspectiva de la eficiencia económica, con el objetivo de reducir el déficit público, en lugar de fundamentar la propuesta sobre los principios de cohesión social, cohesión territorial e igualdad de derechos. Lejos de esto, esta ley supone un grave riesgo de desequilibrios territoriales y condicionará la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, en función de su lugar de residencia.

En la práctica, todo esto se traduce en que los ayuntamientos que quieran prestar cualquier tipo de servicio, antes de hacerlo, deberán presentar una memoria económica, que evaluará la conveniencia de la implantación de servicios locales, conforme a los principios de descentralización y de estabilidad presupuestaria, así como la capacidad financiera de la administración local para prestar ese servicio. Por lo tanto, se supedita la eficiencia económica a la necesidad real.

¿Qué repercusiones tiene todo esto para una ciudad media? Pues que, por ejemplo, se abre la puerta a la desaparición de las Escuelas de Música, de las instituciones deportivas municipales, de las guarderías públicas, de la gestión local de la sanidad, de las bibliotecas, del transporte adaptado, de las políticas de igualdad para la mujer, de las políticas sociales y de inserción… En definitiva, el fin para un largo etcétera de servicios municipales, puestos que estarán subordinados a  intereses económicos, y no a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.

Luis Benjumea

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració i Màster en Anàlisi Polític i Assessorament Institucional. Pots seguir-lo a twitter a @luis benjumea

 

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