De la inocencia del elefante
Introducció de l’Administrador:
A Finestra d’Oportunitat ens agrada conèixer punts de vista, opinions i coneixences diferents a les dels redactors habituals d’aquest lloc web. En aquests dies en què la polèmica Argentina–YPF es la realitat del moment, hem convidat el politòleg argentí Luciano Napolitano a que ens expliqui el punt de vista dels argentins favorables a la recent “estatització” del 51% de l’empresa filial de l’empresa petrolífera Repsol, YPF, per part del Govern Argentí.
Como todos hemos podido conocer, estos últimos días el gobierno argentino, liderado por la mandataria Cristina Fernández de Kirchner, ha enviado al Congreso de Diputados de la República el proyecto de ley para la nacionalización del 51% de la empresa YPF.
Las reacciones en el mundo han sido muy opuestas y muy críticas a este proyecto, básicamente en España, ya que la nacionalización se produce a la empresa Repsol, dirigida por el catalán Antoni Brufau. Sin embargo, parece que ni los medios de comunicación, ni el gobierno español, ni la Unión Europea se han preguntado por qué se ha dado este proceso: ¿Por qué se ha producido la nacionalización de YPF?
Los medios de comunicación españoles (y algunos argentinos) se han dedicado estos días a desprestigiar y a destruir la imagen y la política del gobierno argentino sin explicar las causas de la nacionalización con ajustada certeza. Aquí vamos a intentar explicar el origen del conflicto que divide a dos naciones hermanadas como son España y Argentina.
Todo comenzó en el año 1922 con la fundación de la empresa YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Dicha empresa de titularidad pública jugó un rol fundamental durante la etapa de la sustitución de importaciones ya que permitió la restructuración de la economía argentina situándola a la vanguardia de las economías más avanzadas del mundo. Este modelo planteado en la primera mitad del siglo XX proporcionó un modelo industrial de crecimiento más sólido que permitió unas condiciones laborales estables y un incipiente sistema de protección social.
Este modelo continuó hasta el año 1999, cuando el gobierno neoliberal de Carlos Menem decidió privatizar la empresa pública y vendérsela a Repsol. Dicha operación se realizó siguiendo las pautas del llamado Consenso de Washington. Aquí la empresa española ha comprado casi la totalidad de las acciones de YPF (97%) abonando unos 15.169 millones de dólares con un precio del barril que rondaba los 10,75 dólares.
A partir de aquí la empresa Repsol inició un camino de crecimiento que jamás había conocido. Con la ayuda de la subida del precio del petróleo (hoy en día cotiza a más de 110 dólares el barril) Repsol recuperó en apenas seis años (1999–2005) el 55% de lo desembolsado por YPF. En total, desde que Repsol tomó el control de YPF se repartieron entre sus accionistas más de 13.300 millones de dólares, lo que supone casi el total de lo pagado por la ex empresa argentina.
No obstante este dato no llama la atención si no se explica que Repsol, cuando adquirió YPF, estaba obligada a reinvertir en el país con el fin de aumentar las reservas de petróleo para mantener el valor de la empresa en el mundo. Dicha reinversión no solamente se debía dar en la búsqueda de nuevos pozos petrolíferos sino también en mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Repsol no solamente despidió a más de 45.000 empleados que hasta aquel momento trabajaban para el Estado en YPF, sino que también los beneficios contables para sus trabajadores en el periodo 1998-2007 fueron solamente de 1,71% mientras que para sus accionistas habían crecido en un 11,97%.
Todas estas inmensas ganancias restaron fondos para invertir en exploración y explotación de las áreas hidrocarburíferas que posee Argentina. El resultado fue la caída de la producción y la paralización de la búsqueda de nuevas cuencas petrolíferas.
Según el especialista Ricardo de Dicco, sociólogo y miembro del equipo de investigación del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales, los datos sobre la declinación de los volúmenes de extracción y de reinversión en la Argentina son contundentes: “Con respecto a las inversiones de capital de riesgo en la exploración por parte de YPF S.A. durante el periodo 2003–2011 fue de apenas 8 pozos. La comparación resulta impresionante. Durante la década de 1980, YPF estatal había alcanzado un promedio anual de 117 pozos de exploración. “
Parece bastante claro que la lógica de Repsol en Argentina ha sido la de una multinacional que, en búsqueda de sus propios intereses, ha depredado de manera salvaje los recursos naturales de Argentina. Pero veamos cuál ha sido la estrategia de Repsol en este país latinoamericano.
Como ya hemos podido ver, la lógica de la empresa española ha sido básicamente extractiva. Este principio va totalmente en contra de los principios básicos de las petroleras, ya que si no logran reinvertir en la búsqueda de nuevas cuencas, su negocio parece estar destinado al fracaso más absoluto. Repsol ha dedicado sus esfuerzos en devastar los pozos argentinos y, con los fondos obtenidos, los ha orientado a expandir sus negocios por otros países como Brasil, México, estados del Caribe, Argelia o Libia. La empresa española no solamente ha aumentado así su recaudación, sino que también ha vendido gran parte de la empresa a nuevos inversores extranjeros que hacen que Repsol ya no sea en absoluto una empresa de carácter español. Veamos cómo se compone el capital de ésta empresa.
Por un lado, más del 50% de Repsol es de capital extranjero. Este porcentaje se compone de la siguiente manera: El 42% pertenece a capital extranjero, mayoritariamente bancos; el 9,5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX (de aquí las criticas del gobierno mexicano a la medida argentina; más del 10% a la empresa de capital privado español Sacyr; y más del 12% a la empresa también de capital privado Caixabank.
Estos datos nos explican que la empresa española está manejada mayoritariamente por capital que no pertenece a España. Pero esto no termina aquí: en el último año Repsol ha declarado en España solamente el 25% de los beneficios totales. Esto quiere decir que ha pagado impuestos por valor de 949 millones de euros a un tipo impositivo de 26,8%. Ni siquiera abonó el 30% que le correspondería como tipo nominal por tributar en suelo español. ¿Y el resto de los beneficios? Se calcula que este resto lo paga en países donde la carga impositiva es menor, como Argentina o Libia, y otro pedazo va a parar a paraísos fiscales.
Entonces, como podemos ver, estamos analizando un conflicto entre una multinacional con multiplicidad de capitales extranjeros y un país que busca el autoabastecimiento energético con la finalidad de no tener que volver a importar energía por valor de más de 10.000 millones de dólares, como pasó en 2011. Es decir, que lo que importó Argentina en un año en energía es más de la mitad que el valor de la propia empresa YPF.
En este conflicto no solamente están involucrados la multinacional y el gobierno argentino, sino también los pueblos de ambas naciones. Pueblos que por un lado ven con buenos ojos y con mucha expectación la medida de la presidenta Cristina Kirchner, y por otro lado un pueblo que le han hecho creer que allá donde esté Repsol están también los intereses de todos los españoles. Como hemos intentado demostrar aquí, esto ha resultado ser una falacia.
Aquí los medios de comunicación españoles han jugado un papel fundamental. La creencia de que los intereses españoles se ven afectados (cuando el precio del petróleo en España no variará por la nacionalización ya que el petróleo argentino no tenía como destino la península Ibérica) es un mito que han instaurado en búsqueda de un enemigo inexistente. Estos últimos días hemos sido testigos de las mayores y más graves acusaciones a un gobierno que trabaja por defender los intereses legítimos de su pueblo.
Resulta casi vergonzoso cómo han hecho creer que esta medida económica es ilegal y que va contra España, cuando en realidad la declaración de interés público de un recurso tan importante como el hidrocarburífero está contemplada en la Constitución de Argentina.
En definitiva, los intereses de Repsol responden a intereses privados de gran cantidad de nacionalidades (menos españolas) que ven afectados sus beneficios (que no comparten con la sociedad).
El gobierno español sale en defensa de unos intereses que parecen no corresponderles mientras que en el interior está aplicando medidas de recortes de derechos sociales y haciendo caer el peso de la crisis en los ciudadanos. No solamente es un gobierno que trabaja en defensa de las multinacionales sino que también, dejando en completa indefensión a sus propios ciudadanos y votantes, parece trabajar también para Alemania y los alemanes.
Parece ser que todavía queda mucho camino por recorrer y en épocas de crisis como la actual, los gobiernos han de trabajar por el bien y la salud de sus pueblos. La recuperación de determinados instrumentos estratégicos para la política se han de poner al servicio de las personas para poder mejorar la calidad de vida de los mismos, no al servicio de unos pocos adinerados con capacidad para especular con la vida de los países soberanos que democráticamente votados, buscan recuperar la soberanía y la autonomía que les pertenece.
Video de Cristina Fernández anunciant les mesures.