El proceso hacia la independencia según el CATN: una lectura crítica (III)

AUTORIDADES REGULADORAS E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

El duodécimo informe, sobre ‘Las autoridades reguladoras’, establece la adaptación de las estructuras legales y administrativas de la Generalitat durante el proceso de independencia para cumplir con el Derecho Europeo. En él se tratan sobre todo las autoridades nacionales de regulación de la competencia de sectores como la energía, telecomunicaciones y transportes ferroviarios principalmente, advirtiendo que Cataluña, «de hecho, sería conveniente que lo hiciera así incluso si estuviera fuera de la UE ya que las reglas europeas en esta materia son ampliamente aceptadas como reglas de buen gobierno en el ámbito de la regulación de sectores de servicios». El informe también incluye la previsión de la creación de organismos y estructuras administrativas exigidas por la UE en cuanto a sectores tan dispares como la libre circulación de bienes; libre movimiento de capitales; derecho de la propiedad intelectual; servicios financieros o agricultura y desarrollo rural.

Como mencionábamos en el segundo epígrafe sobre el cuarto informe del CATN, la internacionalización del proceso ha sido un fracaso rotundo, y en el decimotercero informe, titulado ‘La integración en la comunidad internacional’, se nos explican los frutos que deberían recogerse de dicha internacionalización. En este informe se defiende que Cataluña accedería a la esfera internacional, sobretodo en organizaciones internacionales sin derecho a veto o con requisitos de entrada muy bajos a nivel de reconocimientos internacionales. Resulta este un terreno muy especulativo en el que la reacción de cada Estado a la secesión catalana se antoja difícilmente predecible.

De todos modos, en el derecho internacional existen precedentes como el caso de Kosovo (al cual se compara el CATN en sus informes y del cual ya hemos establecido diferencias en la nota ⁸) que plantearon una DUI, y que fueron reconocidos en sus inicios por Estados como EEUU y varias potencias europeas pero que sin embargo, se quedó sin el reconocimiento de Estados como China, Brasil, India , Rusia o España por nombrar algunos, y ello ha abocado a Kosovo a establecer unas relaciones internacionales basadas en el reconocimiento limitado.

Por los argumentos citados y en un ejercicio de opinión personal, en caso de DUI, o de separación disconforme al derecho y sin acuerdo con España (y como miembro componente de la unión, con la UE misma), el reconocimiento internacional de Cataluña podría tender a ser escaso o incompleto, comparado al de Estados como Kosovo o Palestina, algo totalmente indeseado por los catalanes porque, como dice el President Artur Mas en una entrevista para el semanario El Temps publicado a principios de septiembre, «¿de qué serviría una Cataluña independiente si no la reconoce nadie?»

Debemos aclarar otro punto, ya que no lo hemos hecho en el análisis de los cuarto y sexto informes. En el caso de la UE cabe añadir que «la voluntad fuertemente europeísta» de la que hacen gala los mandatarios catalanes, y esa convicción que muestra el CATN de que Cataluña seguiría dentro de la UE en caso de secesión, se basan en el hecho de que la comisión no se ha pronunciado de manera oficial y jurídica sobre ello. Esto se explica porque la comisión no se pronuncia sobre asuntos internos y, en caso de querer hacer efectiva una pronunciación de la comisión a nivel jurídico, esta debería de hacerse a instancias de una petición expresa de España con la consecuencia jurídica inmediata de reconocer a Cataluña como un igual, es decir, como a un Estado.

PODER JUDICIAL

El informe decimocuarto del CATN, sobre ‘El poder judicial y la Administración de Justicia’, sienta las bases de cómo debería ser el traspaso del poder judicial en el caso de secesión. Recordemos, tal como lo hace la nota al pie ¹¹, que el poder judicial en España, a diferencia del ejecutivo y el legislativo, si es establecido en un título propio de la Constitución, concretamente el título VI, y que por eso no se fijan a través de distintos títulos para los niveles estatal, autonómico y municipal. La Constitución dispone así que hay un único poder judicial en España. Esto significa que el informe del cual estamos hablando ahora entra a valorar la toma de control, dejando a un lado la administración que si es territorializada, de una extensión jurisdiccional unitaria en España. Añadiremos aquí que el ‘Manifiesto de jueces por el derecho a decidir’ emitido el 13 de febrero fue firmado únicamente por treinta y cuatro jueces catalanes de los setecientos cincuenta y seis de toda Cataluña, apenas el 4,4% de jueces.

En el informe se constata que los valores básicos abogan por «garantizar la continuidad de la Administración de Justicia y de su funcionamiento normal» y recalca que hay que «establecer un sistema provisional de gobierno judicial.» Sin embargo, la articulación de este proceso es dejada para más adelante por el informe, que no entra a detallar este asunto y se centra en el mantenimiento del sistema judicial actual durante la transición. El resto del informe consta de un compendio de soluciones, estructuración y funcionamiento del sistema judicial y los órganos que lo componen con el objetivo de crear un poder judicial estatal que no debería diferir en mucho del común de los respectivos Estados miembros de la UE.

El informe señala que los procesos judiciales que están siendo llevados a cabo por tribunales de fuera de Cataluña deberían redirigirse a los del nuevo estado catalán. Así, los procesos que deberían considerarse a estos efectos serían en los ámbitos de las jurisdicciones civil, penal, contencioso-administrativa y social, procedentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, Juzgados Centrales de lo Penal, Juzgados Centrales de Instrucción y Tribunal Administrativo Central. Una plétora de procesos que ahondarían en la sobrecarga del sistema judicial catalán, cifrado en un 47.45% (frente al 43,53% de la media nacional). Encontramos dificultades en la transición planteada por el CATN si atendemos a los números que el informe baraja para la estructuración de la plantilla de jueces, fiscales y magistrados. Desde 2010, como nos confirman las tablas de las páginas 12 y 13, el número de jueces, magistrados y fiscales no ha aumentado. El CATN propone, para las suplencias y bajas oportunas, la creación de una «pasarela entre las dos Administraciones de justicia», la española y la catalana. Una vez más, esta debería estar acordada entre ambas partes y requiere de la colaboración del Estado español.

Sobre el personal de la Administración de Justicia, que gestiona la Generalitat, se establecen los mismos protocolos: una «pasarela administrativa» con España. En cuanto a los funcionarios del Departament de Justicia no se nos dice nada, pero un rápido vistazo a la web del departamento nos ofrece los siguientes datos: en 2011, momento del que tenemos mayor noticia de obstrucción del sistema (y tengamos en cuenta que dicha congestión es debida sobre todo a las gestiones administrativas previas y posteriores a los procesos), se contabilizaban 12.631 puestos que en la actualidad han aumentado a un total de 14.196: un aumento del 4%. Ante la falta de datos del informe del CATN debemos referirnos a un estudio publicado por el Colegio de Economistas de Cataluña, partidarios de la independencia, que cifra el incremento entre 5000 y 6000 contrataciones. Hasta que el nuevo Estado catalán pudiera hacerse cargo de esas cifras, ¿cómo haría frente el saturado sistema judicial catalán a la avalancha de procesos, tanto ya establecidos en los juzgados catalanes como provenientes de los juzgados españoles, que se le vendría encima?

Por último cabe añadir que, respecto al caso de los procesos pendientes y que siguen abiertos en la actualidad el CATN aconseja que «los procedimientos en tramitación en el momento de constituirse el nuevo estado tendrían que poder continuar, según las reglas procesales vigentes en aquellos momentos.» A pesar de ello, si no se llegase a ningún acuerdo con el gobierno español sobre qué órganos (catalanes o españoles) deberían tutelar dichos procesos, «no tendrían reconocimiento (automático o al menos asegurado) en Cataluña, de tal manera que probablemente quedarían sin efecto.» Y añade que «deberían reproducirse estas actuaciones judiciales (fundamentalmente recursos) frente a los órganos judiciales de Cataluña, que deberían asumirlos desde su inicio.» Dicha reapertura supone un esfuerzo extra en el trabajo de los jueces que, como hemos anotado, ya cuentan con una sobrecarga importante de trabajo. ¿Soportarían los jueces la sobrecarga extra que generarían estas reaperturas sin un aumento apropiado tanto de jueces, magistrados o fiscales así como de personal del Departament de Justicia? La transición, en el contexto de la administración de justicia, no parece tan liviano como el CATN puede darnos a entender en su lisonjero informe.

SEGURIDAD SOCIAL

‘La Seguridad Social catalana’ es el decimoquinto informe del CATN, y en él se nos expone el actual panorama comunitario sobre creación de sistemas similares a la Seguridad Social española, la situación de esta, y la transición necesaria en su gestión hasta la creación de una homóloga catalana que, de todas formas, no se nos detalla. Bajo el epígrafe ‘Las pensiones contributivas ya reconocidas por la Seguridad Social española’ se asegura que en caso de no haber pactos con las autoridades españolas «si tantas fueran las dificultades que el Estado español pusiera para que Cataluña se hiciera cargo de los pensionistas residentes en Cataluña, se podría pensar que el punto de partida sería que los que ya eran pensionistas del Estado español seguirían legalmente siendo pensionistas del Estado español (fuera cual fuera su nacionalidad), a los que España tendría que seguir pagando a la misma entidad financiera que antes, o a otra que el beneficiario indicara.» El CATN pronto evidencia que no hay leyes internacionales, sobretodo de la UE, que avalen esta solución, y sentencia que «hay que prever que Cataluña tendrá que pagar desde el primer momento las pensiones ya devengadas por parte de ciudadanos catalanes que fueran antes pensionistas de la Seguridad Social española.»

Es tan cierto que el saldo de las pensiones catalán es deficitario (4.162 millones de euros de déficit) como que el mismo sistema de pensiones español lo es (en 37.000 millones de euros). En realidad el déficit es menor a la media española, siendo un 12,16% del total mientras la población catalana representa el 16,5% de población española. Hasta aquí los argumentos parecen favorecer la causa de la independencia. Pero hay que tener en cuenta también que Cataluña es una de las comunidades autónomas que más desequilibrios tiene en su sistema de pensiones: el ratio afiliados/pensionistas es inferior al del resto de España (de 1,79, frente a 1,80 según datos de la seguridad social de 2013)^32; el importe medio de las pensiones es más alto en Cataluña que en el resto del país (989,3 euros mensuales frente a 837)³³ y la proporción entre el número de pensionistas y la población de Cataluña es mayor que la media española. Y recordemos que Cataluña representa el 18% del total de pensiones contributivas, siendo el 16% de la población. Sin embargo, como se pregunta el CATN, «¿el saldo del sistema, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, es más o menos favorable?» Acto seguido responde: «la respuesta es que el saldo del sistema es más positivo para Cataluña.» No les llevaremos la contraria, pero debemos tener en cuenta que el CATN utiliza datos del IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) en cuanto a proyecciones futuras de afiliados en sus pronósticos, proyecciones que no tienen en cuenta la independencia ni las posibles incidencias que esta tendría en el mercado de trabajo y por lo tanto en el número de afiliados.

Como vemos los pros y contras son dispares, pero de lo que no cabe duda es que el CATN vuelve a situarse en el mejor de los panoramas, reconociendo de todos modos que de no darse la colaboración del estado español en los trámites de secesión sería más difícil pagar las pensiones por falta de datos. El presente informe debería relacionarse con los análisis que hemos hecho, hasta ahora y en adelante, del resto de informes, para tener en cuenta hasta qué punto podría tener un impacto en las cotizaciones las pérdidas ocasionadas por la secesión, algo que el CATN no hace. Por otra parte es interesante recordar que la Seguridad Social española en su conjunto tiene, como ya hemos visto, un saldo deficitario. Este saldo es contrarrestado por las aportaciones del Fondo de Reserva, fondos a los cuales no tendría acceso Cataluña sin un reparto que debería llevarse a cabo solo en caso, lo han adivinado, de una secesión pactada. Y rememoremos que el déficit de Cataluña en pensiones en 2013 fue de 6.694 millones de euros, el 30% del coste total. Sin un traspaso de una proporción equitativa del Fondo de Reserva, y en el contexto de una secesión pactada, Cataluña no podría hacer frente a las pensiones.

TRASPASO DE ORDENAMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN

El decimosexto informe describe la ‘Sucesión de ordenamientos y administraciones’ que debería tener lugar entre el Estado predecesor (España) y el Estado sucesor (Cataluña). En él se delimita el tránsito entre el derecho español vigente y el del nuevo Estado catalán mediante un programa de trabajo legislativo que diseñe las medidas oportunas para substituir el viejo ordenamiento por uno nuevo y se intenta dar respuesta a los problemas que podría ocasionar la sustitución de la Administración española por una exclusivamente catalana. El informe detalla también el contexto jurídico bajo el cual debería llevarse a cabo la subrogación de contratos mantenidos por la administración pública. Al respecto de todo este traspaso en varios momentos se mencionará el Convenció de Viena de 1983, el cual, recordemos el análisis del séptimo informe sobre activos y pasivos, no ha sido firmado por España y de todas formas no está vigente.

Como hemos ido viendo a lo largo de los distintos análisis de los informes del CATN, la colaboración entre las autoridades catalanas y estatales (españolas) es esencial para el ordenado traspaso de responsabilidades. En el informe que nos ocupa el CATN llega a situar en el eje cronológico del proceso esta colaboración, en lo que respecta a la sucesión de ordenamientos y administraciones: «entre la adopción de la decisión política a favor de la creación del nuevo Estado y la proclamación de independencia, ya que de esta manera se facilitaría significativamente el asentamiento inicial del nuevo Estado catalán independiente.» Para ello establece la creación de una comisión de sucesión cuya creación supondría, de facto, «atribución y el reconocimiento efectivo de su plena soberanía.» En caso de no darse esta colaboración, el texto propone la mediación internacional y advierte que el traspaso de competencias se demoraría, afectando a la seguridad de las personas físicas y jurídicas implicadas. El CATN describe medidas para el traspaso de personal administrativo que trabaja en Cataluña y que forman parte del personal estatal (hasta 29.646 trabajadores públicos), formando parte de entidades necesarias para el buen funcionamiento del gobierno del territorio, para que pasen a formar parte de la administración del nuevo Estado catalán. En caso de no darse la colaboración del estado predecesor, el CATN resuelve que el nuevo Estado podría ofrecerles la nacionalidad catalana y el cargo homólogo al actual como incentivo para que se pasen a dicho nueva Administración.

Hagamos un pequeño inciso en el artículo para recordar que a lo largo de los distintos análisis hemos ido constatando las dificultades que el CATN encuentra en la consecución del proceso de independencia sin la debida colaboración con el Estado español. Con el decimosexto informe también lo hemos hecho así. Como hemos podido ver, la no colaboración afecta a todo orden político, jurídico, administrativo y de cualquier otro tipo en lo que respecta al proceso de independencia. No se preocupen, no es una reiteración gratuita y va encaminado a construir un caso concreto en las conclusiones de este artículo que, le anunciamos paciente lector, ya están a la vuelta de la esquina.

SEGURIDAD

‘La seguridad interna e internacional de Cataluña’ es el título del decimoséptimo informe, donde se establecen las actuaciones legislativas y ejecutivas necesarias para mantener la seguridad en el nuevo Estado catalán. En él se analiza la actual situación y características del modelo de seguridad y las soluciones y actuaciones necesarias para que Cataluña establezca el efectivo control de las funciones llevadas a cabo por el Estado español. Se prevén así hasta catorce estrategias principales y cincuenta y una actuaciones en el ámbito de la seguridad. Como es previsible, señala a los Mossos d’Esquadra como indiscutibles protagonistas del traspaso de competencias, siendo estos los cuerpos de seguridad interna principales del nuevo Estado. Recordemos pues, para contextualizar, que la sectorial de la ANC ‘Mossos per la Independència’ representa a 150 agentes de 18.000 que componen el cuerpo (0,83%) y 400 colaboradores. Y recordemos también que, tal como está desarrollándose el proceso, el Sindicat de Policies de Catalunya (formado en su mayor parte por mossos) ya ha advertido que cumplirán y harán cumplir la ley.

Así, prosiguiendo con el análisis de asesoramiento del CATN, se nos informa de cómo estarían organizadas las diferentes fuerzas de seguridad (los mencionados Mossos, la guardia fronteriza, inmigración, medio ambiente, etc) durante los meses de transición, aunque el texto no explica de forma sustancial este traspaso en caso de no colaboración con el Estado español. Como ya decíamos en los análisis del primer informe (sobre la consulta) y del cuarto (sobre internacionalización del proceso), algunas de las recomendaciones del CATN han sido seguidas, si no al pie de la letra si de forma bastante clara, por la Generalitat. En este informe sobre seguridad encontramos otro buen ejemplo. El texto, en su página 33, recomienda a la Generalitat «empezar a construir un servicio de inteligencia» y, para ello, emplaza a dicha autoridad a buscar «asesoramiento internacional, que se recomienda que sea diversificado», y a «establecer desde el principio una colaboración y coordinación con España y los países y organismos europeos y del mundo occidental.»

En ese contexto cabe entender la noticia del pasado mes de septiembre sobre el contacto del gobierno catalán con servicios secretos de varias naciones, concretamente el Mossad, el BND (Bundesnachrichtendienst) alemán o el DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) francés entre otros. Los acercamientos a dichos organismos han sido en forma de llamadas telefónicas y cartas, con el objetivo de asentar una futura colaboración y enmarcando dicha petición en lo que califican como la necesidad de información para mantener la seguridad de los ciudadanos de una «nación europea aliada». En dichas comunicaciones también se ha ofrecido colaboración, argumentando que ya se dispone de una red de fuentes de información. Como vemos se cumplen las dos recomendaciones del CATN: buscar asesoramiento internacional e intentar establecer una colaboración y coordinación con países del mundo occidental. Esto, junto a otros ejemplos como los de los informes primero y cuarto, ya nos advierten que las recomendaciones del CATN son tomadas muy en serio por la Generalitat, hecho que viene a reafirmar la asistencia de Artur Mas a la presentación del ‘Llibre Blanc de la Transició Nacional’ (compendio de los dieciocho informes que aquí analizamos) el 29 de septiembre.

FINANCIACIÓN Y BALANZAS FISCALES

El decimoctavo informe del CATN se titula ‘Viabilidad financiera de una Cataluña independiente’, y en él se analizan las posibilidades de financiación de la Generalitat y sus presupuestos tras la independencia. Se tienen en cuenta, así, las variaciones cuantitativas que se desprenden de dos principales variables: un incremento del gasto público al tener que hacerse cargo la Generalitat de las estructuras administrativas de estado y una subida en la contribución fiscal que los catalanes hacían antes al Estado español y que repercutirán a partir de la independencia en el nuevo Estado catalán. Según el CATN el negocio es redondo, como ilustran las cuentas finales del documento, basadas en datos fiscales y presupuestarios de 2011: suma los ingresos totales en unos 45.300 millones de euros anuales, los cuales servirían para hacer frente a los 39.500 millones necesarios para costear la deuda, cerrando con un superávit de unos 5.800 millones que, una vez consolidado el Estado, comportarían una ganancia fiscal de unos 11.500 millones al año de los cuales se descuentan las aportaciones a la UE. El informe no constata ninguna caída en el PIB y, por lo tanto, en la recaudación de la Generalitat. Cero. Ninguna. Pero ya volveremos sobre ello más tarde, en el siguiente apartado, pues bajo el tercer epígrafe, ‘Impacto económico de la independencia’, el CATN nos advierte en su informe de que «la independencia de Catalunya, además de representar la desaparición del déficit fiscal (un 8% del PIB catalán por término medio y unos 16.000 millones de euros), traería un claro beneficio para la Generalitat al poder disponer de unos recursos de más cada año (ganancia fiscal) en torno a un 6% del PIB catalán»; y sentimos que debemos volver a hablar, como hicimos de forma somera en el análisis del undécimo informe, de la llamada balanza fiscal.

En julio del presente año el gobierno central presentaba las ansiadas balanzas fiscales autonómicas donde podemos contemplar el déficit de cada una de las CCAA. El gobierno, mediante el ya mencionado método de carga-beneficio, contabiliza un déficit total para Cataluña de 8.455 millones de euros, lejos de los más de 16.000 millones presentados por el conseller Mas-Colell. Debemos explicar en que reside ésta diferencia: el método de flujo monetario únicamente contabiliza el gasto realizado en un determinado territorio mientras que el de carga-beneficio, método más utilizado en la esfera internacional, tiene en cuenta los beneficios que recaen sobre la población de la región cuyas balanzas se analizan aunque estos no recaigan sobre el mismo territorio. Mediante el método de carga-beneficio se pueden tener en cuenta servicios como las embajadas, Defensa o el gasto en los distintos Ministerios, que también revierten en beneficio de la población catalana aunque no se invierta el dinero en territorio catalán, mientras el método de flujo monetario no tiene en cuenta ejemplos claros como el que nos describe Tomás Torres Peral: «de la línea de AVE Madrid-Barcelona, solamente contemplan las inversiones realizadas en territorio catalán, (según ese criterio se le imputaría a Soria los gastos en dicha provincia, aunque el AVE no tenga parada en ella), y con independencia que los beneficiarios de esa línea sean fundamentalmente los ciudadanos de Madrid y Barcelona». Resumiendo, la Generalitat (y el CATN haciéndose eco de sus datos) convierte 7.118 millones de euros de inversión en 2009 en apenas 3.268 millones, menos de la mitad.

El mismo CATN confirma que para medir los gastos en los que incurriría la Generalitat por el traspaso de responsabilidades como Estado, para calcular el gasto del Estado español en Cataluña, utiliza el método de carga-beneficio. El mismo Consell anula así, por metodología, uno de los grandes argumentos políticos de los secesionistas. Pero, volviendo a la crítica sobre el cálculo de la balanza fiscal mediante el método de flujo monetario, debemos señalar otro error de base en su utilización como argumento con el que defender el supuesto perjuicio hacia los catalanes: los impuestos son pagados por personas jurídicas o físicas y nunca por territorios. Todos los españoles pagan una carga impositiva igual, independientemente de dónde residan dentro del Estado español. El método utilizado por la Generalitat para medir el déficit tiene también en cuenta como pagado por catalanes lo que ningún catalán ha pagado: impuestos sobre la renta generada en Cataluña por ciudadanos no catalanes; IVA pagado en Cataluña por no residentes en esta; impuestos sobre alcohol y tabaco pagados en Cataluña por no residentes o cotizaciones a la Seguridad Social de empleados cuyo centro de cotización está en Cataluña pero no son residentes. Se incluye incluso el déficit con la UE dentro del déficit con el Estado (un total de 2.700 millones de euros). Para terminar debemos añadir que no se tiene en cuenta un factor determinante para explicar el porqué de un déficit mayor respecto a la mayoría de comunidades autónomas (no todas, igualmente). Y es que la práctica totalidad de las empresas multinacionales en España (un 73%), de las empresas del Ibex 35 (74%) y de las grandes empresas españolas (78%) se concentran en Madrid y Cataluña. Ello explica en buena parte el elevado déficit de estas dos comunidades frente al resto. Si tenemos en cuenta que todas estas empresas se benefician del mercado español en su totalidad, un mercado de más de 47 millones de habitantes, y si pudiéramos territorializar la actividad de dichas empresas nos daríamos cuenta del sin sentido en el que cae el llamado método de flujo monetario. Esperamos haber aclarado a la mayoría de los lectores el porqué de la controversia con las balanzas fiscales y lo endeble de los argumentos de la Generalitat (y del CATN al respaldarlos).

FINANCIACIÓN Y PIB CATALÁN

Como decíamos, el decimoctavo informe no prevé bajada alguna en la recaudación que toma como base, la de 2011, aunque hayan pasado ya casi tres años más de crisis y la independencia debiera ocasionar una esperable caída en el PIB catalán. El undécimo informe, que ya hemos analizado, calculaba una variación de la bajada del PIB catalán por la merma en el comercio entre España y Cataluña en unos potenciales 1-2%, proponiendo únicamente como motivos el posible boicot por parte de España a los productos catalanes y un efecto frontera que, en contraste con los datos que nosotros ofrecemos incluso con un ejemplo como el de la ruptura de Checoslovaquia, el CATN desdeña. Para ofrecer estimaciones aproximadas desde el punto de vista independentista podemos recurrir a Xavier Cuadras (economista y profesor de la UPF, co-autor de ‘Sense Espanya [Balanç econòmic de la independència]’, citado como referencia por el informe) que expone en su trabajo ‘Algunas reflexiones sobre la independencia de Catalunya y la economía de los catalanes’ que la caída podría ser de un 4%. En un sentido más amplio, la Cámara de Comercio de Barcelona, a la que podemos situar como favorable a la secesión, estableció en un estudio que el descenso podría ser de entre un 1,1% a un 5,7%. Pero podemos incrementar más ésta previsión si tenemos en cuenta informes como el de Credit Suisse en 2012 que auguraba una caída del 20% del PIB catalán en caso de separación teniendo solo en cuenta la caída de ventas comerciales a España o el del catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid Mikel Buesa, que cifra la pérdida en un 19%.

Pero, aparte de la merma comercial, habría que tener también en cuenta la deslocalización de empresas en Cataluña. Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio Americana en España, aseguró en octubre de 2013 que el proceso de independencia crea inestabilidad y que este provocaría esta huida de empresas, puntualizando que «no renunciarán a un mercado de siete millones, pero una cosa es fabricar, crear ocupación y hacer investigación, y otra cosa es vender». En el mismo sentido habría que entender la ‘Declaración de Barcelona’, manifiesto que ha acumulado ya más de 200 afiliaciones en el que unos sesenta directivos y empresarios de marcas alemanas residentes en Cataluña se mostraban en contra de la independencia. Y son ya famosas también las palabras en contra del proceso independentista por parte de empresarios como José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta; Josep Oliú, presidente del Banco Sabadell; Luis Conde, fundador de Seeliger y Conde o José Luis Bonet, presidente de Freixenet, cubriendo la representación del 50% del PIB catalán en número de empresas.³⁴ Si se dan este tipo de reacciones es porque hay un peligro real de desinversión en una Cataluña escindida de España, principal mercado de las primeras compañías con sede en Cataluña (entre ellas Gas Natural, Nissan Motor Iberica, Volkswagen Audi España, Lidl, Fomento de Construcciones y Contratas o Nestle España SA). Recordemos que entre 2008 y 2013 Cataluña ha perdido el 18,13% de sus empresas frente al 16,7% de media española y las inversiones extranjeras parecen reafirmar éste pesimismo ante el proceso.

Las entidades bancarias también parecen preocupadas por la independencia, como indica el informe del banco de inversión suizo UBS del pasado mes de septiembre donde se indica que Caixabank y Banc Sabadell tienen planeado trasladar sus sedes fuera de Cataluña en caso de independencia. Y aunque Gabriel Martínez (Director de Comunicación Externa de Banc Sabadell) haya desmentido esto en su cuenta de twitter, algo parece moverse en las mencionadas entidades bancarias cuando Caixabank cambia sus propios estatutos en lo respectivo al lugar de su sede el pasado abril. El CATN argumenta que durante los primeros meses de la independencia, si esta se diera sin colaboración del Estado español, Cataluña podría hacer frente a los «4.500-5.000 millones de euros mensuales» que necesitaría mediante «solicitudes de préstamos a entidades financieras, emisión de deuda» y «emisión de bonos».³⁵ Reincidiremos aquí en que la deuda de Cataluña está calificada por la mayoría de agencias de calificación internacionales como bonos basura. Y ante el argumento del CATN de que «Catalunya sería un estado poco endeudado, ya que, al no haber pacto con el Estado español, no tendría que asumir parte de su deuda» y que «en consecuencia, la Generalitat estaría en una situación que facilitaría la obtención de financiación ajena» responderemos que el ya mencionado banco UBS, el mayor de Suiza, ya advertía a sus clientes de que los efectos de la separación resultarían «sombríos y desastrosos» para las economías catalana y española. Y añadiremos que las firmas del banco japonés Nomura o del británico RBS comparten la misma opinión, entre otros grandes representantes de la Banca Mundial. Apuntemos, además, que Cataluña pierde con la secesión de España el amparo del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y el BCE si sale de la UE. Ante este panorama dudamos mucho que la fiabilidad de Cataluña, que aparte habría saboteado su propia seguridad jurídica al romper unilateralmente con España, fuera a facilitar la financiación de la Generalitat. Volviendo a los ejemplos que hemos puesto hay, como hemos visto, un nada desdeñable temor hacia la independencia por parte de las capas productivas y vías de financiación catalanas y extranjeras. Preocupación que compartían las empresas y bancos escoceses en el caso homónimo, advirtiendo que cambiarían sus sedes en Edimburgo por Inglaterra.

Los cálculos del CATN tampoco tienen en cuenta el hecho de que en muchos de los servicios generales del estado hay involucradas fuertes economías de escala. Así, las embajadas o la Agència Tributària de Catalunya resultarían más caras que sus homólogas españolas, hasta un 24% como defiende el profesor Ángel de la Fuente (Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania y Científico Titular del Instituto de Análisis Económico del CSIC), y esto también incidiría en la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos. Como ya vimos en el análisis del undécimo informe, el mercado entre una Cataluña independiente y España se vería mermado sin duda alguna, y si la relación entre los dos Estados fuera tan próxima como la existente entre España y Portugal (donde el último vende al primero un 24% de sus exportaciones) los flujos comerciales entre ambos se traducirían en un descenso del 9% del PIB catalán. Y hablamos de un mercado incluido en la UE, sin aranceles. Como vemos, y aunque no tengamos la metodología necesaria para convertir estos datos en una definitiva cifra recaudatoria que anteponer a las del Consell, el saldo del CATN no tiene en cuenta innumerables variables que convierten sus cuentas basadas en datos de 2011, con una Cataluña integrada en España, en incomparables con el caso de la secesión, situando estos resultados como pura ficción, una simple elucubración que equipara tal ejercicio al de un cuento de la lechera con trasfondo prosopopéico.

UN PRECIO DIFÍCIL DE ASUMIR

Reconocemos que nuestro análisis de los informes parte de ciertas limitaciones. No tenemos los medios ni los asesores a nuestro alcance que si tiene el Consell y nuestra formación y conocimientos no llegan a alcanzar todo el espectro de temas tratados por el texto que ahora compone el flamante ‘Llibre Blanc de la Transició Nacional’. Este artículo tampoco llega a analizar en toda su extensión los informes, que pueden tener y seguramente caerán en más errores metodológicos o interpretativos de los que nosotros hemos podido localizar o de los cuales encontrar referencias. Sentimos que algunos de nuestros análisis puedan haber resultado hasta superficiales. Aun así hemos querido insuflar algo más de vida a un debate que parece estar anquilosado en la comodidad de los eslóganes en un lado y enrocado en la mayor parte de sus vertientes en el otro. Aunque sigamos sin entender cómo se ha podido crear un consejo asesor para una transición nacional antes siquiera de preguntar a la gente si quieren emprender dicha aventura nacional, o aunque lo entendamos y no compartamos dicha creación enmarcada en una estrategia política concreta, sentimos cierto agradecimiento hacia el CATN por haber aportado al debate datos y algunas concreciones conceptuales de indudable valor. Y este casi velado agradecimiento debe extenderse por supuesto al Molt Honorable President Artur Mas por haber convocado a los consejeros a dicho órgano de la presidencia.

Dicho esto, debemos valorar el conjunto de los informes como una oda al voluntarismo, requisito indispensable para enfrentarse a posibilismos de la talla de la entrada ipso facto de una Cataluña independiente en la Unión Europea, un razonamiento que sobrevuela buena parte de los informes y que es claro ejemplo del apriorismo con el que muchas veces se exponen argumentos y resoluciones que quieren parecer incontrovertibles. Hace ya unos cuantos párrafos comentábamos que en los informes se repite la elucubración sobre el escenario de una no colaboración en el proceso por parte del Estado español. Pues bien, ante dicha posibilidad, que tal como va el proceso y atendiendo a la inconstitucionalidad del mismo sin previa reforma constitucional es la más factible, el CATN suele exhibir argumentos más exiguos, en una irresponsable y esquiva estrategia para decantar el saldo global de procedimientos recomendados y previsiones en uno más optimista. Es una faceta intrínseca del pensamiento mágico por el cual parecen abducidos muchos de los que defienden el independentismo sin aportar razonamientos básicos y que parece escudarse únicamente en la ilusión (recordemos sus dos primeras acepciones³⁶) contrapuesto al “discurs de la por”.

Admitimos que es difícil construir un discurso político atractivo cuando estas intentando posicionarte en contra del puro optimismo. Es tan difícil como responder “no” a una pregunta que identifica la disyuntiva entre “si” o “no” como la alternativa entre el cambio o mantenimiento del status quo, respectivamente. Es difícil defender el statu quo cuando este puede resultar tan poco esperanzador. Para todos nosotros, a nivel personal y profesional. Es difícil no decir “no” cuando se te pide que expongas públicamente porque dices “no”, aunque se nos haga menos difícil cuando son buenos amigos y compañeros quienes nos lo han pedido. En definitiva, ha sido difícil.

Es más fácil que el mencionado optimismo sea elevado al misticismo más entusiasta, al encontrarnos aparentemente ante un “proceso” sin brechas, incuestionable y preparado para todo imprevisto presente o futuro. Cómo hemos comentado con anterioridad, tanto en las conclusiones como en el artículo completo, dicho proceso no está exento de brechas, imprevistos y situaciones que el CATN imagina y otros tantos que ni siquiera quiere imaginar. Quizás es aquí cuando el optimismo se retroalimenta y se transforma en algo más, mucho más profundo que el simple e inocente optimismo. Se transforma, efectivamente, en algo más propio del campo de lo irracional y por el camino en algo irrenunciable, en un objetivo sentimental entremezclando la prospección de ese optimismo exaltado con un sesgo que impide ver la realidad por lo que es. Un buen ejemplo es el de Oriol Junqueras en una entrevista en Catalunya Radio, donde daba a entender sollozando que la pérdida de una vía para la independencia es un golpe más que moral. Y por supuesto, con la enorme peligrosidad que supone entremezclar elementos tan distintos y dispares, como política y sentimiento; racionalidad con irracionalidad; realidad con sueño.

Volviendo a los informes, repetimos que la posibilidad de que el Estado español no colabore en el proceso, remarquemos una vez más que es la posibilidad actual sin reforma constitucional, es según el mismo CATN una fuente de dolores de cabeza y discontinuidades en todos los niveles del normal funcionamiento político, institucional, económico y hasta sociológico que nos permitimos valorarlo, por lo que describe el CATN, como la más segura génesis de un Estado precario. Si recogemos todos las previsiones en el marco de no colaboración repartidas por los diferentes informes y las sumamos, si las volcamos todas en una coctelera y tenemos que observar el resultado tras agitarlos y mezclarlos, obtenemos un panorama desolador. Y si les sumamos el plantel de posibilidades que el CATN no quiere afrontar el panorama es aún más desolador: una agencia tributaria sin construir, verdadera vertebración de todo Estado en lo económico; imposibilidad de financiarse en el exterior; restricciones en la liquidez al no estar bajo el paraguas del BCE; falta de personal administrativo; imponer sobre la población el dilema de tener que elegir entre la nacionalidad catalana y el pleno derecho que este otorga, perdiendo la nacionalidad española por el camino, o ser ciudadanos de segunda; posible falta de combustibles fósiles para hacer funcionar energéticamente el país; tener que renunciar a nuestra voz en España a la hora de decidir sobre temas tan capitales como la regulación de la cuenca del Ebro; dilatación en el tiempo de la entrada de Cataluña en diversas organizaciones internacionales… El coste es alto.

El coste es tan alto que, por el camino y en la misma esencia del proceso, la palabra con la que los favorables a la independencia esgrimen orgullosos en sus argumentos a favor se ha perdido por el camino: democracia. El pasado Octubre del presente año, el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona Joaquim Brugué abandonaba la Junta electoral del 9N de la cual formaba parte con el argumento de que hay «dificultades legales, de funcionamiento, de mínimas garantías de neutralidad democráticas y unas estrategias que no ofrecen las garantías de que las cosas se están haciendo bien»; añadiendo además que el acto al que asistieron unos 800 alcaldes al Palau de la Generalitat para acordar la hoja de ruta hacia la consulta es una evidencia de que las instituciones públicas no son neutrales y que apuestan tendenciosamente por el sí a la independencia, alejándose de la exigida neutralidad que se ha de presuponer en todo procedimiento consultivo. Quizás ésta perdida por el camino del elemento clave de la consulta, legitimador y vertebrador de la misma, no se deba a la voluntad de algunos de decantar la balanza a su gusto. Quizás, tan solo sea un síntoma de aquel «tenim pressa» del que hablábamos en la nota al pie ^5..

Como defendemos, y vistas todas las adversidades a las que debería hacer frente una Cataluña independiente sin la colaboración del Estado español, si debe darse la independencia esta será con España como compañera de viaje o no será. Por legalidad y por viabilidad.

Pero hay un coste que, de todas formas, puede ser más alto todavía. Se nos acusa a los que defendemos la vía de reforma constitucional de ser demasiado dogmáticos, y si tener al Estado de derecho como puntal irrenunciable de la democracia nos convierte en ello, entonces lo somos. También se nos acusa a veces de ingenuos, pero la verdadera ingenuidad es pensar que se puede anteponer la participación ciudadana al imperio de la ley sin pagar un coste. Después de que, a merced de políticos, creadores de opinión y organismos como el Consell Assessor per a la Transició Nacional³⁷ se haya imbuido a grandes capas de la ciudadanía catalana con la idea de que el voto está por encima de la ley no nos cabe duda de que, haya secesión o no, ese coste habrá de pagarse. Y será caro.

Si bien algunos podrán esgrimir el argumento de que la ley actual exime de castigo acciones de clamorosa injusticia (los ejemplos actuales de corrupción son un buen ejemplo) o incluso que los marcos legales, en este caso constitucionales, que dan a luz a la legislación que sustenta nuestra democracia, no han sido actualizados conforme a las adversidades y retos del presente, debemos recordar que la ley es el pilar fundamental en el que la democracia se sustenta. Que voto sin derecho no aporta legitimidad alguna y que por supuesto, la ley ofrece vías para ser reformada. Podríamos compartir entre todos quizás, que estas vías son rocosas, difíciles de transitar y de traspasar. Pero si ni siquiera se contempla la posibilidad de recorrer ese camino para cambiar la ley, corremos el peligro de perder por dicho camino la legitimidad que esta otorga o lo que es lo mismo, la aceptación tanto a nivel internacional como nacional de nuestro régimen político y las relaciones que emanan de este.

Notas:

³² datos de afiliados^a y pensionistas^b del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

^a http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n__ltimo_d_a_del_mes/Afiliados__ltimo_d_a_del_mes_por_CC._AA._y_provincias_seg_n_reg_menes/191709

^b http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Pensiones_y_pensionistas/Pensiones_contributivas_en_vigor/Por_Comunidades_Aut_nomas_y_provincias/ESTC_005357

³³ Secretaría de Estado de Seguridad Social y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
³⁴ el día 11 de octubre de 2013 el informativo de TV3 informaba de que «un 53% de los empresarios de la Cecot están a favor de que Cataluña sea un nuevo Estado de Europa». Antes de que nadie quiera utilizar esto como argumento en contra de lo esgrimido debemos puntualizar a TV3 informándoles de que se trata del 53% de los que afiliados al sindicato que contestaron la encuesta, 798 de los 7.053 afiliados.

³⁵ en el epígrafe sobre tributos y cooperaciones hablábamos del segundo informe del CATN, donde se instaba a la presentación por parte de los administrados ante la Agència Tributària de Catalunya para que la Generalitat pudiera recaudar lo suficiente como para mantener sus gastos. Parece que la recomendación, que ya iba acompañada de la sugerencia de emitir nuevos bonos patrióticos y empréstitos internacionales, se ha descolgado desde aquel informe presentado en diciembre de 2013 hasta el informe que nos ocupa, de julio de 2014. ¿Qué ha pasado en éste lapso de tiempo para que el CATN abandone dicha recomendación? Lo que ha sucedido es que La Generalitat (ha instancias de la ANC,^a ERC y el mismo CATN) ya había puesto en marcha una campaña para recabar datos fiscales de los ciudadanos.^b Siete meses después el saldo de catalanes que habían ofrecido sus datos a la hacienda catalana era de 200.^c Ante dicho fracaso no nos extraña que esta estrategia haya sido dejada de lado por el CATN, que sigue escogiendo la emisión de deuda como único clavo ardiendo al que aferrarse.

^a http://declarat.assemblea.cat/

^b http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/13/catalunya/1400011548_978677.html

^c http://www.negocios.com/noticias/200-catalanes-entregan-datos-hacienda-artur-22072014-0837
³⁶ Imagen sugerida por los sentidos que carece de verdadera realidad o esperanza que carece de fundamento en la realidad.

³⁷ defendemos que el CATN, además de guiar los pasos de la Generalitat (que lo ha hecho) y significarse como fábrica de globos sonda (que lo es), ha servido primordialmente como plataforma desde la que dotar de un discurso argumentativo y minimizar la cautela en la doctrina de opinadores de toda índole, como tertulianos de televisión y radio; columnistas; periodistas varios o incluso políticos.

Todos las partes completas de El proceso hacia la independencia según el CATN: una lectura crítica:

Parte I

Parte II

Parte III