Home Ciutadania “LuxLeaks”: inseguridad jurídica de los “whistleblowers” en la UE

por María Alemany Sagüés

Todo comenzó en 2014, cuando el International Consortium of Investigative Journalists (CPI) destapó un escándalo financiero que involucraba a más de trescientas cuarenta multinacionales. Los documentos filtrados revelaban que con el apoyo de las autoridades gubernamentales de Luxemburgo y la ayuda de las grandes firmas de contabilidad (las conocidas “Big Four”), dichas compañías cometieron actos de evasión fiscal, ahorrando millones de euros en el pago de impuestos. A causa de este escándalo, más conocido como LuxLeaks o Papeles de Luxemburgo, el actual presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, fue duramente criticado, ya que durante los años anteriores en los que se formó el marco legislativo que permitió la evasión fiscal, había sido Ministro de Finanzas de Luxemburgo y Primer Ministro (1995–2013).

Sucede que aunque los “tax rulings”, acuerdos entre empresas multinacionales y Estados que permiten a las primeras ahorrarse millones de euros en impuestos, fueran legales en Luxemburgo y una práctica muy extendida en ciertos países, no siempre pueden considerarse fiscalmente legítimos ya que sobrepasan los estándares morales y éticos. En cualquier caso, la Comisión Europea aclaró que los “tax rulings” son legales siempre que no supongan una ayuda de Estado y beneficien a una firma o un sector sobre otros o se penalice a otros actores.

Fueron dos trabajadores de la consultoría Price Water House Cooper (PwC) quienes dieron la voz de alerta al proporcionar ciertos documentos que acreditaban estas prácticas a los periodistas, entre ellos el periodista francés Edouard Perrin, el cual fue absuelto en primera instancia. Así inició el periplo judicial de Antoine Deltour y Raphael Halet, los cuales fueron denunciados por PwC por robo de documentos, revelación de secretos empresariales y violación de confidencialidad. Desde entonces, ambos han luchado en los juzgados para que se les reconozca el estatuto de alertador (en adelantewhistleblower”) según los criterios que establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El juicio comenzó en la primavera de 2016 y la sentencia fue recurrida por los dos condenados ante el Tribunal de Apelación, el cual redujo las sentencias: Antoine Deltour fue condenado a 6 meses de prisión y una multa de mil quinientos euros, mientras que Raphael Halet solamente fue condenado a una multa de mil euros. Sin embargo, los ex empleados de la consultoría no se rindieron y el caso llegó al Tribunal de Casación de Luxemburgo.

Publicada a principios de enero de 2018, la decisión de dicho Tribunal no ha dejado indiferente a nadie, provocando confusión entre aquellos que defienden a los whistleblowers. El Tribunal de Casación ha anulado la condena contra Antoine Deltour y reconoce su estatus de whistleblower, mientras que se lo deniega a Raphael Halet al rechazar su recurso por el simple hecho de que éste no reveló ninguna información nueva que no hubiera sido destapada con anterioridad por el primero. Así, el año 2018 ha traído buenas noticias para el francés Antoine Deltour, aunque ahora el caso será devuelto al Tribunal de Apelación para que vuelva a pronunciar sentencia y aún puede recibir condena por otros documentos internos en su posesión que no forman parte de las filtraciones principales. Respecto a Raphael Halet, ahora que su sentencia ha sido confirmada, el mismo ha comunicado su intención de llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

De esta manera, la reciente sentencia del Tribunal de Casación luxemburgués ha devuelto la polémica de los whistleblowers a los medios. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. “LuxLeaks” se suma a una lista de escándalos filtrados por whistleblowers cada vez más larga: WikiLeaks, Panama Papers, la lista Falciani… Por mucho que la Comisión Europea haya adoptado medidas y abierto expediente a aquellas multinacionales que se beneficiaron de ventajas competitivas vulnerando la regulación europea, el problema subyacente es la falta de un marco legal de los whistleblowers que les ofrezca protección en este tipo de situaciones y establezca unos criterios legales.

Si bien es cierto que la línea entre el interés general, revelación de secretos y confidencialidad es muy fina y encontrar un balance parece todo un reto, la falta de voluntad política de una gran parte de Estados Miembros para adoptar leyes nacionales, salpicados por casos de corrupción que en ocasiones llegan hasta las más altas esferas de sus propios Gobiernos, revela la urgente necesidad de crear una regulación a nivel europeo que proteja a los whistleblowers y defina dicho estatus.

A finales de 2017, el Parlamento Europeo aprobó un informe de propia iniciativa en el que solicita a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa relativa a éstos. No obstante, la Comisión ha anunciado que no presentará una propuesta hasta marzo de este año como pronto.

Ante la posible asunción de la existencia de un sistema de corrupción generalizado, en parte debido a la falta de ética y a las élites de poder, un marco europeo de protección de los whistleblowers podría configurarse como instrumento de mejora de la transparencia en una Europa globalizada y, al fin y al cabo, de cumplimiento de las obligaciones de los Estados con sus ciudadanos, los cuales reivindican transparencia y sentido común con cada vez más ímpetu y voluntad de justicia. Prueba de ello es el gran apoyo social que los whistleblowers de “LuxLeaks” y de otros casos han recibido alrededor del mundo, algunos de los cuales incluso viven en el exilio.

Por todo ello y por la discusión ética que entraña, difícilmente disociable, la configuración de un marco legal europeo de protección de los alertadores presenta multitud de dificultades y retos que se deben hacer frente en la Europa de valores y derechos fundamentales en la que queremos vivir.

Imagen:

Morguefile.com.

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